En el mercado inmobiliario mexicano, la copropiedad suele generar reservas inmediatas en una parte del público, incluso antes de analizar su estructura o funcionamiento. Esta reacción no responde a una evaluación técnica del modelo, sino a una construcción cultural profunda sobre lo que significa poseer un inmueble y cómo se concibe el patrimonio familiar en el largo plazo.
Durante décadas, la propiedad absoluta fue presentada como el ideal patrimonial por excelencia. Tener un inmueble propio, completo y bajo control total se convirtió en sinónimo de estabilidad, previsión y éxito personal. Esta narrativa, válida en su momento histórico, dejó poco espacio para cuestionar si ese esquema era siempre el más adecuado, especialmente cuando se trataba de viviendas de uso intermitente, como las propiedades vacacionales.
En ese contexto, muchas decisiones inmobiliarias se tomaron desde la emoción y el deseo legítimo de asegurar un espacio para la familia, sin incorporar con suficiente profundidad variables clave como el uso real del inmueble, los costos acumulados de mantenimiento, la administración a largo plazo o el impacto en la liquidez personal. Con el paso del tiempo, una parte significativa de estas viviendas comenzó a permanecer vacía durante la mayor parte del año, generando desgaste físico, cargas financieras constantes y, en algunos casos, abandono.
Esta realidad, poco discutida en el discurso patrimonial tradicional, ha influido de manera silenciosa en la forma en que hoy se perciben los modelos alternativos. Cuando una experiencia patrimonial no cumple las expectativas que la acompañaban, el aprendizaje natural es aferrarse al control como mecanismo de protección. Así, cualquier esquema que implique una titularidad distribuida suele interpretarse como una renuncia, cuando en realidad busca responder a un problema que el modelo tradicional no supo resolver.
La copropiedad surge precisamente de esa observación: la vivienda vacacional no necesita estar bajo un solo titular para cumplir su función. Por el contrario, cuando el uso se alinea con la inversión y los costos se distribuyen de forma ordenada, el inmueble tiende a mantenerse activo, cuidado y financieramente sostenible. Lejos de diluir el valor patrimonial, este enfoque busca preservarlo en el tiempo.
Parte de la resistencia al concepto también está ligada a experiencias pasadas con esquemas poco claros o mal explicados, que contribuyeron a una percepción generalizada de cautela frente a cualquier modelo que se aparte de la compraventa tradicional. Sin embargo, la copropiedad contemporánea se apoya en estructuras legales definidas, reglamentos precisos y administración profesional, elementos que responden directamente a los errores del pasado y que buscan ofrecer certidumbre y orden.
Hablar de copropiedad implica, en el fondo, hablar de una evolución en la cultura patrimonial. No se trata de abandonar la propiedad tradicional, sino de reconocer que no todas las decisiones inmobiliarias requieren el mismo enfoque. En el caso de la vivienda vacacional, donde el uso es limitado y los costos son constantes, replantear la relación entre control, propiedad y eficiencia se vuelve una conversación necesaria.
La falta de educación financiera aplicada al patrimonio inmobiliario ha llevado, durante años, a decisiones que parecían correctas en el corto plazo, pero que se volvieron difíciles de sostener en el tiempo. Incorporar modelos más flexibles no es una moda, sino una respuesta a una realidad que ya mostró sus límites.
La copropiedad no pretende convencer ni reemplazar. Su valor está en ofrecer una alternativa para quienes buscan un equilibrio más consciente entre inversión, uso y bienestar. Entenderla requiere dejar de verla como una renuncia y comenzar a analizarla como una herramienta diseñada para evitar que una vivienda pensada para el descanso termine, una vez más, cerrada y vacía.
Jhonatan Rivero A.
Director General Lussona
2025.